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Parques en peligro
 

Gran parte de los parques nacionales entrarían en un proceso de deterioro y destrucción, hoy inimaginable, en caso de abrirse paso la propuesta de decreto-ley de vía rápida, “por el cual se dictan medidas tendientes a solucionar los conflictos por ocupación, uso y tenencia que se presentan con el asentamiento de comunidades campesinas en áreas del Sistema de Parques Nacionales Naturales”.

Precisión necesaria: voté por el sí a la paz, pero ello no significa mi suscripción incondicional a todas y cada una las medidas que se están adoptando, y menos a esta, que claramente atenta contra un invaluable patrimonio nacional y orgullo de Colombia.

Los parques nacionales no han estado exentos de problemas y conflictos, siendo uno de los mayores la ocupación de algunas de sus áreas por campesinos y, también, por terratenientes. Se distinguen dos situaciones. En primer término, la de propietarios de extensos predios que cuentan con títulos legales como consecuencia del hecho de que fueron adquiridos antes de la creación del parque. El caso más extremo es el del parque Tayrona, en donde unos pocos propietarios son dueños de su mayor extensión, algunos con títulos que se remontan a la época colonial. En segundo término, se encuentra el caso de familias campesinas que con títulos, o sin ellos, ocupaban algunos predios antes de la creación del parque. Los casos anteriores se resuelven, en Colombia como en otras partes del mundo, mediante su compra, una tarea de largo plazo que se inició hace muchos años. Algunos propietarios legítimos pueden decidir mantener su propiedad acogiéndose a la disposición legal de no adelantar ninguna actividad económica en su predio.

Un caso muy distinto son las familias campesinas que se asentaron ilegalmente en predios de un parque cuando ya estaba constituido, muchas de las cuales lo hicieron bajo los auspicios y autorización de las Farc, como se tipifica en los tres parques ubicados en el Área de Manejo Especial de la Macarena, en los que, además, propició el cultivo de la coca. Seguramente las Farc arguyan hoy que esta acción fue motivada por el hecho de que eran campesinos sin tierra. A lo que se les podría responder diciendo que tuvieron en sus manos otra opción: ubicar a esas familias campesinas por fuera de los parques, por ejemplo, en los extensos territorios que, se dice, no pocos de los comandantes se apropiaron para su beneficio particular.

El decreto-ley prevé dos alternativas, siendo la primera que el campesino acepte su reubicación en tierras por fuera de los parques, aptas para la agricultura. Es una modalidad en la que, además, se deberían crear las condiciones para que el bienestar de la familia reubicada se incremente en forma sustantiva, como cuestión de justicia social. Esa alternativa debería ser la única, en aras de asegurar la integridad de los parques, la que incluye, una vez hecha la reubicación, entrar a restaurar los daños producto de estos asentamientos.

La segunda alternativa planteada en el decreto-ley es inaceptable: otorga a quienes ocupan los parques la opción de permanecer, lo que en términos prácticos significaría que continúen adelantando sus actividades agrícolas y ganaderas, a todas luces incompatibles con su conservación. Es una alternativa que, en adición, tendría previsiblemente dos perversas consecuencias. La primera, que, a largo plazo, estas familias al crecer demográficamente se vean en la inevitable necesidad de incrementar el área de ocupación con la consecuente deforestación. Y la segunda, que al aprobarse el decreto se desate un proceso de invasión de los parques.

De abrirse paso ya sea este decreto, o las motivaciones que lo inspiran, el trío Farc-gobierno Santos-Congreso Nacional pasaría a la historia de Colombia por iniciar la sepultura del proyecto de conservación más importante del país en su historia: los parques nacionales.

 

Manuel Rodríguez Becerra
Publicada en El Tiempo, 8 de mayo de 2017.

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización agosto 2017
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