Manuel Rodríguez Becerra, ex ministro del Medio Ambiente dice que las políticas para proteger la naturaleza en el gobierno de Álvaro Uribe fueron insuficientes. Críticas a la explotación minera en el país.

Por: Margarita Vidal
Publicado en: El País, Cali, 30 de abril de 2011

Fue el primer ministro del Medio Ambiente que tuvo Colombia. Manuel Rodríguez Becerra, ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y B Litt en estudios de Administración de la Universidad de Oxford es hoy titular de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y un gran investigador en materia de política ambiental. Es miembro asesor sobre Política de Bosques del Banco Mundial, preside el Foro Nacional Ambiental y representa al sector ecológico en el Consejo Nacional de Planeación.
Es director del proyecto ‘La mejor Orinoquia que podemos construir’, liderado por la Universidad de los Andes, que tiene el propósito de establecer un diálogo sobre el presente y el futuro de esa vasta región colombiana que atraviesa un proceso de transformación en todos los órdenes, sin precedentes en el país. Como dice la introducción del estudio, “hay una grado de incertidumbre sobre el resultado de este proceso, como consecuencia de la insuficiente información y conocimiento sobre el funcionamiento de sus sistemas ecológicos y sociales, en escenarios de cambio global por la debilidad institucional y por la falta de un acuerdo social sobre lo que debe ser el futuro de la región”.
Como es natural hay posiciones contrarias sobre el futuro de la Orinoquia porque, así como hay quienes lo ven como una despensa de importancia mundial, realización de negocios, planeación de ciudades o áreas militarm ente estratégicas y de investigación científica, otros, como los autores del texto, la ven como una región donde la conservación debe ser una estrategia de soporte al desarrollo sostenible.

¿Qué origina el tremendo lío de las licencias de explotación minera?
Hay un problema muy serio con el Código Minero porque Ingeominas otorga títulos que dan derecho a exploración y una vez hecha ésta, verificado lo que hay en el lugar y realizado el estudio de impacto ambiental, es al Ministerio al que le corresponde aprobar la licencia. Los expertos consideran que el código tiene una lógica perversa en el sentido de que con el solo título minero se pueden ir haciendo exploraciones e inversiones enormes, que ponen al gobierno en una situación muy compleja porque si no les dan la licencia ambiental, se quedan con el título que, obviamente, les sirve para presionar, porque le siguen pagando el canon minero al Estado. Eso es inaceptable porque una vez negada la licencia ambiental, debería anularse el título.

El Código Minero se reformó el año pasado, y hoy lo estudia la Corte Constitucional. ¿Qué problemas le ve?

El código tiene muchos vacíos en el campo ambiental. El único avance fue excluir los páramos de la minería y eso quedó taxativamente prohibido, así como el hecho de que el título minero no da derecho a la exploración. El único derecho adquirido es la licencia ambiental que da derecho a la explotación.
Entiendo que durante los dos gobiernos de (Álvaro) Uribe se otorgaron catorce licencias ambientales en páramos, lo cual como usted dice está terminantemente prohibido por la ley.
Sí, el gobierno de Uribe fue la locura. Se entregó casi el 10% del territorio nacional en títulos mineros y lo más grave es que cuando apenas estaba en proceso de aprobación el nuevo código, fue cuando más corrieron a otorgar esas licencias. Entiendo que se entregaron unos ocho mil títulos mineros en esos dos períodos a través de Ingeominas que, paradójicamente, tiene el deber de hacer la inspección y vigilancia de las operaciones mineras, pero que en la práctica es un rey de burlas, ya que sólo tiene cuarenta funcionarios. Algo muy perverso también es la legalización de la explotación ilegal.

¿Qué significa?

Que si la autoridad minera descubre a alguien haciendo una explotación ilegal, en vez de sancionarlo le dice que haga una solicitud de legalización y le da un plazo de dos años para hacerlo. Mientras tanto, la explotación sigue ilegalmente por otros dos años a la buena de Dios, cometiendo barbaridades y a los dos años, ¡chao!

¿A eso se debe también la proliferación de dragas ilegales?

Claro, porque otra aberración fue admitir que las dragas ilegales de tamaño pequeño y mediano podrían seguir operando, lo cual es un caso patente de absoluta corrupción. No cabe duda.
Pero la gente argumenta que es una manera de salir de la pobreza...
Es un argumento desvirtuado hace años. Muéstreme un caso en Colombia en que la minería del oro - para hablar sólo de ésta - haya sacado a alguna comunidad de la pobreza.

¿Quién hace esa gran minería?

Las grandes empresas como la Drummond. La Contraloría hizo un informe en el cual demostraba todas las violaciones a la ley y los reportajes de Mauricio Gómez han dejado a la gente estupefacta con lo que está pasando en el departamento del Cesar. Demuestran que gran parte de la minería es mal manejada ambientalmente porque aparte de los daños ambientales hace también daño social, ya que genera contaminación del aire, del mar y de las playas. Lo de Santa Marta es algo grotesco. Uno allá se mete al mar y como dicen los bogotanos “sale tiznado”.

¿Cuando usted era ministro del Medio Ambiente entraba la Drummond a Colombia, no?

Así es y sus promesas y las de Prodeco, que en ese momento tenía problemas en Santa Marta, eran las de utilizar la última tecnología para el empaque de carbón. Eso no tuvo vigilancia y hoy tenemos una situación terrible.

¿Por qué atenerse a “promesas” y no hacer, como Estado, exigencias implacables?

Por la falta de fortaleza de las instituciones. Algo muy dañino fue la permanente advertencia, durante el gobierno de Uribe, en el sentido de que si no se le daban todas las facilidades, los mineros, se iban. Eso es una gran mentira. Donde hay negocio ellos se quedan. La verdad es que los alcaldes de Santa Marta podrían decir: ¡no más!, pero no lo hacen porque reciben regalías y no les importa lo que pase al medio ambiente.

¿Qué tan grave fue lo que pasó durante el gobierno de Uribe en materia ambiental?

Muy grave porque por una parte se fusionaron dos ministerios. En el gobierno Uribe se debilitó tremendamente el de ambiente en términos absolutos, pero también en términos relativos.

¿Por qué cree que hubo tanta manga ancha a ese respecto?

Por una equivocada visión de lo que es la “confianza inversionista”. Creer que por exigirles a las firmas extranjeras con todos los fierros, se van a espantar, cuando, por el contrario, se sabe que las grandes compañías están dispuestas a cumplir con la ley en la medida que se les exija, porque les representa jugosos negocios: En el caso del oro, la onza estaba a US$250 hace diez años y hoy está sobre US$1.200. Con razón mucha gente opina que el gobierno debería subir las regalías. Ya varios senadores están en eso.

¿Por qué se ha encarecido tanto el oro?

Hoy, el oro sólo tiene el 20% de utilización industrial y el 80% restante se usa en joyería. La vanidad de hombres y mujeres, por una parte, y el consumo internacional, que aumenta porque India es el mayor consumidor de oro y también China está entrando en el cuento de la joyería, significarán una demanda brutal. Por otra parte, con la crisis financiera, mucha gente está invirtiendo en oro.

¿Qué daños causa la explotación de petróleo, que crece en el país?

La tecnología en tierra firme está muy domesticada. A la British Petroleum se le exigió mucha seriedad cuando llegó a Colombia. Uno de los problemas es qué hacer con las aguas que se utilizan para la explotación. Salen a muy alta temperatura y contienen metales pesados y tóxicos, pero hoy, con la última tecnología, es posible revertirlas. En Colombia no se está utilizando.

¿Y cómo ve las perspectivas ambientales con Santos?

El Gobierno debe tener en cuenta que la deforestación en la primera década del siglo se triplicó, en comparación con la década anterior. De aproximadamente cien mil hectáreas anuales pasó a trescientas cincuenta mil, lo cual significa treinta y cinco mil kilómetros cuadrados en diez años, o sea un área mayor que la de Cundinamarca. Esa se compara con la disminución neta (a nivel mundial) del 35% en el mismo lapso. Esa es una expresión concreta del declive de nuestra gestión ambiental. En cuanto al presidente, Santos ha dicho una y otra vez en todos los foros estar muy interesado en el tema y no ha habido ninguna posesión más verde que la suya. Acuérdese que fue en la Sierra Nevada de Santa Marta con los mamos. Ya tiene la autorización para volver a dividir el ministerio pero, qué pasará con él es una gran incógnita.

¿Fracasó la reforma de las Corporaciones Autónomas Regionales, CAR?, ¿Qué pasará ahora?

De todas maneras el decreto iba a fracasar porque fue declarado inexequible y además era muy malo. Allí quedó demostrada la incapacidad de Colombia en el manejo de los problemas ambientales hoy. Una mañana anunciaron que se crearían 16 nuevas corporaciones, ¡la “gran reforma”! Ese mismo día nos citaron a Juan Mayr, a Juan Lozano, a mí y a un grupo de personas, para que discutiéramos el proyecto. Lo que nos presentaron en cuanto a la jurisdicción de las corporaciones era absurdo y eso indica una falta de capacidad del Ministerio. Lo único positivo era que se cambiaban los consejos directivos.

¿Esa parte iba en contra de la politiquería?

Así es. A las CAR se las acusa, con razón, de politiquería y buena parte de ella está concentrada en los consejos directivos, que tienen muy mala imagen pública, porque están compuestos por políticos, muchos de ellos a lo mejor corruptos y responsables de mala gestión. Los otros integrantes del consejo directivo son dos representantes de los gremios, dos de las ONG ambientales, un representante de las comunidades negras, uno de las indígenas, uno del Presidente de la República y uno del Ministerio del Medio Ambiente.

¿No estuvo usted en la constitución de las CAR?

Sí, yo fui uno de los responsables de la conformación del consejo directivo, de esa Ley 99. Se hablaba en ese entonces de la “democracia participativa”.
Quisimos que fueran autónomas porque así mandaba la constitución y nos hicimos la reflexión de que podrían ser tan vulnerables a la corrupción que deberíamos poner a la sociedad civil – “toda pura, toda buena”- (risa), y resulta que también en las entidades privadas hay corrupción. Cuando el gobierno propuso la reforma me pareció magnífico y pedí que sacaran a las ONG y al sector privado.

Pero hubo ONG excepcionales como la CVC en su momento.

Sí, una corporación muy rica, ejemplar en sus comienzos y de una enorme fortaleza técnica, con grandes logros como el desempeño ambiental de los ingenios azucareros a los que empezó a exigirles cosas y las cumplieron. Un medio publicó un día que la directora de la CVC registraba 17 entradas a la cárcel a visitar al senador Juan Carlos Martínez detenido por presunta participación en parapolítica. Algo impensable en otras épocas. La región y el país tienen que hacer todos los esfuerzos para reformar la CVC y ponerla a funcionar otra vez como la mejor del país. Eso se puede lograr. Es una corporación que tiene un capital muy importante y se merece un gran esfuerzo para reestructurarla porque, entre otras cosas, el Valle del Cauca es una región ambientalmente muy golpeada.

¿A consecuencia de qué?

Fue la primera región agro-industrial del país y cuando se abrió se sembró hasta el último centímetro cuadrado hasta las riberas del Río Cauca. El tema ambiental surge a finales de los 70 y los 80, con todos los fierros, cuando ya el Valle llevaba una historia muy larga de monocultivo de caña que es muy duro para el suelo.
Entonces hay daños importantes en las fuentes de agua y salinización del suelo en ciertas áreas, pero lo interesante es que a su vez esos ingenios azucareros están trabajando hoy en día con agricultura de precisión y tecnologías muy avanzadas desde el punto de vista ambiental. Por otra parte se desecaron grandes áreas de humedales para ganarlas para la agricultura y la caña de azúcar, a pesar de la oposición de grupos ambientalistas.
En el Valle hay una zona muy grande inundada por la ola invernal y una parte importante es sin duda consecuencia de que el río volvió por sus fueros. Todo esto para decir que existe un gran reto en el departamento para recuperar una institución que ha sido ejemplar en muchos sentidos, que fue pionera en Colombia en el tema de la descontaminación ambiental, en el de los estudios de impacto ambiental, de descontaminación de las aguas, de vertimientos azucareros a las aguas con desechos muy tóxicos, pero que están muy bien manejados. Los grandes propietarios han hecho esfuerzos para proteger las cuencas agua arriba y sería muy interesante para la región planificar, con la mejor técnica y la mejor ciencia disponibles, qué se quiere para el departamento en los próximos 30 años y qué puede hacer la CVC para lograrlo.

¿Qué va a pasar con la Orinoquia, la nueva frontera económica del país?

Pues que es una revolución que puede hacerse a las patadas o bien hecha desde el punto de vista ambiental. Yo estoy dirigiendo desde hace dos años un proyecto para tratar de incidir en que las cosas se hagan bien en ese aspecto. Sacamos un libro que se llama ‘La mejor Orinoquia que podemos construir’.
Hicimos foros en todo el país y en el del Valle, donde estaban los principales líderes azucareros, les recordé que la agroindustria vallecaucana tiene una gran responsabilidad en el desarrollo de ese proyecto, porque los grandes agro industriales del grupo Manuelita, Riopaila Castilla y otros, están comenzando a hacer grandes inversiones en esta región. Ellos tienen enorme experiencia y agricultura de precisión, saben cuáles son aciertos y los aciertos y los errores que se presentaron en el Valle, de modo que podrían liderar un proceso exitoso en la Orinoquia.

La Universidad de los Andes está liderando ese tema, según entiendo.

Tenemos ese proyecto a largo plazo. Evidentemente los suelos no son aptos para la agricultura pero se pueden habilitar. En el gobierno de Uribe la concepción era de que se trataba de una zona vacía que había que llenar, pero la verdad es que es un territorio de gran complejidad biológica, muy rica en biodiversidad; tiene 39 tipos de sabanas diferentes, 159 ecosistemas distintos y es una de las regiones del mundo más ricas en peces. Ésta es una oportunidad única por la razón obvia de que el mundo requiere duplicar la capacidad alimentaria en 40 años y Colombia tiene en la Orinoquia 32 millones de hectáreas, un porcentaje importante que seguramente se puede ir a la agricultura.
A su vez tiene un ciclo de agua muy complejo porque son ocho meses de lluvia y cuatro de profunda sequía. Hay que tener gran cuidado con las zonas inundables. Son humedales que sirven para la regulación del agua y en épocas de sequía esos humedales aumentan el caudal de los ríos de manera que no se pueden secar. Seguramente algunos se puedan adecuar pero los otros hay que conservarlos. Las nuevas ciudades de Colombia estarán allá, de manera que hay que planearlas desde el punto de vista ambiental y social. Nosotros éramos un país pobretón y ya no lo somos. Se entiende que cuando uno es pobre las cosas se hagan a los mordiscos o a los codazos, pero cuando ya hay un despegue económico se puede lograr una cosa maravillosa.