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Los bosques: los destruimos sin definir quiénes son los propietarios

 

La deforestación es uno de los mayores problemas ambientales del país, pero nuestros dirigentes, y buena parte de la población, no saben, o no quieren saber, lo que está en juego. Y si bien es cierto que aún tenemos mucha incertidumbre sobre la magnitud del problema, el rango mismo de las estimaciones debería conducirnos a enfrentarlo como asunto de la más alta prioridad.

Mientras el Departamento Nacional de Planeación estimó la deforestación, entre 1964 y 1987, en un promedio de 600 mil hectáreas anuales, el World Resources Institute (WRI) la ubica en 364.000 hectáreas, para el período 1981-1990, equivalente a un cambio anual del 0.6%. No obstante todo lo que hemos destruido, y según el WRI, en 1990 aún contábamos con una cobertura boscosa de 54 millones de hectáreas, que representa cerca del 50% del territorio nacional. Pero este inventario, que para un observador desprevenido podría parecer" suficiente, esconde graves problemas. Según la mencionada institución, Colombia se ubica como el quinto país del mundo que más ha contribuido a la destrucción del bosque tropical húmedo -en particular el correspondiente a la costa pacífica y la Amazonia- en donde se encuentra una de las mayores diversidades biológicas del planeta. Y, además, estamos deforestando nuestro bosque andino -del que sólo restaban 2.5 millones de hectáreas en 1990- a una tasa del 1.6% anual, es decir, a más del doble de la tasa nacional. Si se mantiene esta situación, nuestro bosque de montaña -que protege la mayor parte de las estrellas hidrográficas del país- desaparecería en 50 años.

El bosque, mucho más que madera

¿Qué está en juego con la deforestación de nuestros bosques? Al tratar de responder esta pregunta debemos referirnos a lo que se está perdiendo con la destrucción de los bosques tropicales del globo, de los cuales hacen parte los nuestros. Veamos. Estos poseen la mayor riqueza de especies de cualquier hábitat terrestre. Se estima que contienen entre el 50% y 90% de las especies de la tierra, aunque sólo representan el 7% de su superficie. En ellos existen el 66% de las plantas vasculares y aproximadamente el 30% de las especies vertebradas. Y en este cuadro, Colombia ocupa un lugar de excepción: basta con recordar que, con menos del 1% del territorio emergido de la tierra, cuenta con un 10% de las especies de plantas, siendo muchas de ellas endémicas. La destrucción de los bosques se constituye en una de las mayores causas de la extinción de especies y ecosistemas, con lo cual se arriesga la supervivencia misma de la especie humana, hecho que se convierte en la principal razón para su conservación y adecuado manejo. Y con el declive de la biodiversidad se aminoran sus enormes potenciales económicos como banco de especies, genético y de sustancias activas, base fundamental para la seguridad agroalimentaria de la humanidad, y para la fabricación de nuevas drogas y de otros productos industriales, a partir de la biotecnología moderna. Para muchos estas perspectivas de la biodiversidad es un cuento mítico de los ambientalistas metalizados, pero bien vale recordar aquí el valor de los productos farmacéuticos derivados de plantas que exceden los US$40 billones por año. Y que Costa Rica, un país cuya riqueza biológica no es comparable con la de Colombia, cuenta hoy con contratos de prospección e investigación que ascienden a US$180 millones, una cifra indicativa de los recursos que podría llegar a obtener como beneficio adicional, en caso de que aquellas actividades se concreten en productos industriales.

El bosque presta también otros servicios económicos. Si bien, su principal producto sigue siendo la madera -utilizada como leña y para fines industriales- provee, también, una amplia variedad de productos no maderables que juegan un papel vital para la población que lo habita, y que tienen un enorme potencial para el desarrollo económico. Ejemplo de esos productos, muchos de ellos confinados a los pobladores del lugar son las frutas, las plantas medicinales, las especies, las plantas ornamentales, el pescado, la carne, las tinturas, etc. Los bosques también retienen los suelos y los nutrientes, proveen suministro de aguas perennes y moderan las comentes de agua durante los períodos picos de lluvia, funciones vitales que se empobrecen o desaparecen con la deforestación.

La deforestación está también asociada con la disminución de la lluvia, el aumento de la temperatura de la superficie de la tierra y la alteración de los ciclos hidrológicos. Y puede afectar el clima local a tal punto que coadyuve a no hacer viable la existencia del bosque mismo. Además la deforestación de los bosques tropicales es hoy una de las principales causas del calentamiento de la tierra, contribuyendo con el 20% de las emisiones antropogénicas de bióxido de carbono. Y, en esta arena, Colombia tiene una ubicación desaconsejable, ya que es el segundo país de Latinoamérica con mayores emisiones per cápita de este gas después del Ecuador.

Pero los bosques tropicales no son sólo importantes por sus vitales funciones y por su alta biodiversidad, sino también porque albergan diversas etnias y grupos de colonizadores que se han desplazado en búsqueda de medios de vida. Muchos de estos habitantes poseen conocimientos de un gran valor para la administración sostenible de estos recursos; pero su supervivencia misma está en juego con la deforestación, una buena parte de la cual ha sido producto de su acción, en particular de los colonizadores mestizos, como nos lo muestra, por ejemplo, los casos de la Amazonia y el Chocó. Y en el trabajo con estos grupos y en la recuperación de sus conocimientos ancestrales se encuentra una de las claves para la salvación del bosque. El valor de muchos de los servicios del bosque no es comprendido por vastos sectores de la sociedad y sólo se aprecia cuando la deforestación los deteriora o los destruye. En Colombia la deforestación está directamente ligada a la escasez de agua registrada por muchas regiones; a las crecientes e inundaciones de invierno; a los deslizamientos, con sus enormes costos en vidas y pérdida de infraestructura; a la sedimentación de ríos, embalses y bahías; a la disminución del potencial hidroeléctrico; a la extinción de especies vegetales maderables y no maderables; a la pérdida de valiosas fuentes de proteínas y a la degradación de la productividad de los ecosistemas costeros, como los manglares. Pero infortunadamente no contamos con la información requerida para cuantificar las pérdidas económicas efectivas por estos conceptos. El día que dispongamos de ellas quizá los zares de la economía resolverán que el manejo de los bosques es un asunto demasiado serio para dejarlo en las manos de los necios ambientalistas, que tan infructuosamente han estado clamando por medios, fórmulas y recursos para hacerlo.

La pobreza, el estado y los narcos: los principales deforestadores

No vamos a entrar a examinar las complejas causas de la destrucción de nuestros bosques. No hay que olvidar, sin embargo, que la deforestación se remonta a épocas precolombinas, pues ya los cronistas españoles registran amplias zonas sin cobertura boscosa, como resultado del aprovechamiento de maderas por parte de los indígenas. Con la deforestación se asocian hoy diversas actividades, que muchas veces son tomadas, en forma equivocada, como sus causas, cuando en realidad son manifestaciones de las mismas. Y que tienen muchos matices y adquieren muy diversas expresiones a lo largo y ancho del país. La principal es la apertura de la frontera agropecuaria que es responsable de un 80% de la deforestación y está dirigida a establecer cultivos agrícolas intensivos -vgr. el establecimiento de cafetales y más recientemente de plantaciones de banano-, crear potreros para ganadería extensiva y montar pequeñas fincas de pan coger. Pero de estos tres destinos que en su mayoría se realizan hoy en tierras con vocación forestal y sin aptitud agropecuaria, la potrerización es el predominante. A su vez, la tala para la obtención de madera con propósitos industriales y para la recolección de leña representan cada uno el 10% de la deforestación.

Entre las causas subyacentes de algunas de estas manifestaciones se identifica la pobreza de amplios grupos .de la población que, en pos de su supervivencia, son la punta de lanza de la colonización. Se identifica también la alta demanda y los exor-bitantes precios de la droga ilícita, que lleva a los narcotraficantes a ubicar sus cultivos hasta en los más recónditos rincones de nuestras selvas. Y los bajos precios internacionales de los productos básicos, que presionan la ampliación de la frontera agrícola, con el fin de aumentar los volúmenes de exportación

El gobierno mismo con sus políticas agropecuarias -dirigidas a aliviar la pobreza, disminuir presiones sociales o aumentar la producción agropecuaria-, ha fomentado la deforestación. Recuérdese, por ejemplo, la colonización del Caquetá, hoy con amplias zonas en proceso de deterioro en virtud de su inexistente aptitud agropecuaria, o las anteriores disposiciones de la reforma agraria, que definía como predio bien explotado aquel en el cual había sido talado el bosque a tabula rasa. Así mismo, no son pocas las obras estatales de infraestructura mal concebidas, diseñadas, o ejecutadas, cuyo principal consecuencia ha sido la de propiciar el saqueo de madera o la de disparar desordenados procesos de colonización, con profundas secuelas de depredación. La carretera Buenaventura-Bahía Málaga, o el largo tramo de la carretera del Tapón del Darién, construido casi que en forma subrepticia, son monumentos a la insensatez y la miopía. Incentivos, y no castigos, para reforestar y conservar

Atacar tan complejo problema de la deforestación exige fórmulas diversas y simultáneas. Es evidente que el país requiere un programa gigante de reforestación, en particular en la zona andina. Para restaurar aquellas áreas estratégicas por las funciones ecológicas que cumplen, como son los bosques protectores de las cuencas hidrográficas, o para proveer nuevas fuentes de madera para leña y usos industriales, y bajar, así, la presión sobre los bosques naturales. La historia reciente de la reforestación, en Colombia, es lamentable: en los últimos seis años ésta tan sólo ascendió a 94.000 hectáreas, y en las últimas tres décadas apenas a 300.000. Sin embargo, el Certificado de Incentivo Forestal, creado por el anterior gobierno, se perfila como uno de los instrumentos que servirán para superar esta situación, tal como se anuncia en el Salto Social que fija en 160.000 hectáreas la reforestación que se adelantará en el cuatrenio, haciendo uso de este sistema. Así mismo los recursos de transferencia del sector eléctrico a las Corporaciones Regionales y a los municipios donde se ubican las hidroeléctricas y las termoeléctricas, que ascienden a $150.000 millones para el mismo período, permitirá a éstas adelantar ambiciosos programas de protección y restauración de sus cuencas, tal como lo contempla la Ley de creación del Ministerio del Medio Ambiente. Por su parte y de acuerdo a la misma Ley, los municipios deberán invertir el 1 % de su presupuesto anual en la protección de las cabeceras de las cuencas hidrográficas que abastecen de agua a sus acueductos. Y entre las previsiones más ambiciosas del Plan de Desarrollo se encuentra la constitución de las zonas de reservas campesina, en los términos de la Ley 160 de 1994 que, mediante nuevos sistemas de titulación, crédito agrario y asistencia técnica, busca consolidar y estabilizar económicamente a los colonos, para así detener el ciclo rutinario de colonización. Pero las anteriores medidas deberán complementarse con otras que, como las anteriores, se ubiquen en el campo de los incentivos, puesto que las medidas de comando y control han sido, hasta el presente, un estruendoso fracaso. Entre ellas se menciona el establecimiento de incentivos tributarios, como la exención del impuesto predial a las tierras dedicadas a la protección de bosques naturales. O la destinación de parte de los recaudos por tasas de uso de agua, al pago de una compensación económica a quienes conserven bosques críticos para la cuenca generadora del recurso. O el establecimiento de incentivos económicos para la creación de reservas privadas. O la contratación con las comunidades de proyectos comunales de reforestación, que tan exitosos se mostraron en el pasado, con el aporte de créditos subsidiados y asistencia técnica.


Algún día los zares de la economía entenderán.

¿A quién pertenece el bosque?

Si bien los instrumentos tradicionales para la administración estatal del bosque han demostrado ser muy poco efectivos, es también necesario que el Ministerio del Medio Ambiente revise la legislación vigente sobre concesiones, permisos y tasas de aprovechamiento forestal, instrumentos que están dirigidos a garantizar un uso sustentable de los recursos maderables y no maderables. Pero su última revisión tendrá necesariamente que esperar a que se aclare el asunto fundamental de la propiedad de los bosques ubicados en los resguardos indígenas y se implemente la norma legal que entrega a las comunidades negras del Pacífico las tierras que tradicionalmente han ocupado en las riberas de sus ríos, en la modalidad de propiedad colectiva. Porque dependiendo del resultado de esa aclaración e implementación, podrían llegar a resultar concepciones muy distintas a las hasta ahora vigentes, o incluso se podría concluir que son poco relevantes.

Que estos y otros elementos de la política forestal, relacionadas con el aprovechamiento maderero, tengan que esperar a las anteriores definiciones resulta obvio: en los resguardos indígenas, con una extensión de 25 millones de hectáreas y en el andén Pacífico, se ubican los principales recursos forestales del país. Siendo necesario aclarar que el mayor volumen de madera para fines industriales se origina en esta última región, no obstante su menor extensión y que allí se ubican también resguardos indígenas. De acuerdo con la Ley 70/ 93 que reglamenta el mandato constitucional referido a la adjudicación de tierras a las comunidades negras, el bosque les pertenece. Lo que no se sabe aún es la extensión y los límites de esos territorios objeto de titulación colectiva, pues después de dos años de aprobada, la mencionada Ley no se ha reglamentado. Pero es claro que, en el futuro cercano, unos bosques que eran de propiedad pública pasarán a manos privadas. Lo que quiere decir que el estado deberá garantizar que, en el aprovechamiento de los mismos por parte de las comunidades propietarias, se cumpla con el artículo constitucional que establece que la propiedad tiene una función ecológica. Que trae como consecuencia una nueva concepción del papel del estado con referencia a esos bosques, que ahora deberá actuar más como monitor y dinamizador de incentivos que como administrador y policía. Una acción que deberá garantizar a la sociedad colombiana el uso sostenible de los bosques por parte de las comunidades, lo que implica la incorporación de innovativos mecanismos de regulación y la puesta en marcha de programas de trabajo conjunto y de prestación de asistencia técnica.

El caso de los resguardos es diferente. Tienen, de acuerdo a la Ley, la propiedad del suelo pero no la del bosque, que continúa siendo un patrimonio de la nación. Las comunidades indígenas están ahora luchando para que se les reconozca la propiedad del vuelo forestal. Es un asunto de justicia frente al derecho reconocido a las comunidades negras y que, a mi juicio, es conveniente para la salud del bosque. ¿Acaso las comunidades indígenas van a velar por el uso sostenible de unos bosques que no les pertenecen y que ocupan el suelo que sí les pertenece? Habrá algunas que, en virtud de sus culturas milenarias, así lo hagan. Pero hay experiencias que nos están demostrando los grandes riesgos que se corren al perpetuar esta figura. Porque son muchas las comunidades indígenas que han permitido a terceros la explotación legal e ilegal de madera sin responsabilizarse por asegurar su adecuado manejo. Si se llegare a reconocer a las comunidades indígenas la propiedad sobre el bosque, habría que establecer, como en el caso del Pacífico, innovativos instrumentos de acción estatal, para garantizar su aprovechamiento sostenible.

Pero como requisito para garantizar el adecuado manejo del bosque en estas extensas áreas de los resguardos indígenas -que cubren más del 65% de nuestra Amazonia- y de las zonas del Pacífico en las cuales se titulen propiedades colectivas a las comunidades negras, es urgente desarrollar un proceso dirigido a crear un consenso social para legitimar esta nueva realidad. Muchos colombianos aún no parecen saber, o quieren desconocer, o prefieren no enterarse, que los territorios donde se ubica la mayor oferta ambiental del país, tienen dueño. Y si no se logra alcanzar un mínimo acuerdo sobre los derechos y obligaciones que conllevan los resguardos indígenas y los colectivos negros, ello podría no sólo impedir un buen uso del bosque sino generar fenómenos de insospechada violencia. Esa es una de las principales prioridades del país para la Amazonia y el andén Pacífico en materia de política forestal.

Manuel Rodríguez Becerra.
Publicado en: Revista Estrategia económica y financiera. No. 214. Junio 30 de 1995. Pág. 39-42

 

 

 

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