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Un cuarto de hora riesgoso

 

En el último número de la revista Tierra Verde, se sugiere, con buena razón, que nuestras cuatro grandes ciudades se encuentran en los primeros segundos de su cuarto de hora ambiental. Pero, bueno es decirlo, si no se toman decisiones acertadas para concebir y montar los nuevos entes estatales, previstos por la Ley 99 de 1993 para adelantar la gestión ambiental en ciudades con más de un millón de habitantes, ese cuarto de hora bien podría convertirse en una pesadilla. Y el DAMA (Bogotá), el DADIMA (Barranquilla) y el DAGMA (Cali), no parecen estar arrancando con las condiciones requeridas para asegurar que ellos se convertirán en los motores de la revolución ambiental exigidos por nuestros grandes centros urbanos. De Medellín no podemos afirmar nada pues se encuentra, aún, en proceso de definir su estrategia.

Las mencionadas entidades se están constituyendo como departamentos administrativos, que de por sí presentan restricciones para su adecuado desarrollo, no importa cuán acertadamente estén formulados los actos legales para su creación (Barranquilla y Cali) o reestructuración (DAMA de Bogotá, que era entidad sin funciones de administración y control sobre el medio ambiente). Quizá su mayor limitación sea la poca independencia que tiene este tipo de ente frente a los alcaldes, cuando la autonomía es un requisito básico para su buen funcionamiento. Porque al ser los municipios y los departamentos grandes usuarios de los recursos naturales renovables, resulta arriesgado que las entidades ambientales dependan de los mandatarios estatales, pues se crea la inconveniente situación de otorgarles los roles de juez y parte. Otra limitación de los departamentos administrativos son los bajos niveles salariales previstos para los entes de esta naturaleza, lo que significa que no estarían en capacidad de vincular personal con el alto nivel técnico exigido, para manejar los complejos problemas de estos centros urbanos. Y ya el país experimentó en el Inderena lo que significa contar con una organización débil: ¿Para qué repetir la película en las grandes ciudades?

Cuando apenas comienzan a darse lo primeros pasos para el establecí miento de estas entidades ambientales, contamos con la oportunidad única de intentar construir unas organizaciones fuertes: por su eficacia, eficiencia, alta capacidad técnica, transparencia y vocación de servicio al ciudadano. Que ojalá tengan la suficiente independencia frente a los alcaldes, para frenarlos en sus desvíos y apoyarlos en sus aciertos. Que cuente con un personal con una alta calificación, con niveles salariales adecuados que minimicen las posibilidades de corrupción asociadas con sus funciones policivas. Que creen una cultura organizacional que favorezca la conciliación del desarrollo económico y social con la conservación y el buen uso de los recursos naturales renovables, frente a la visión según la cual el desarrollo siempre atenta contra la salud de la naturaleza; que privilegie la búsqueda de la concertación con los diversos sectores para alcanzar las metas ambientales que se propongan, en contraste con el énfasis en funciones puramente coercitivas; que propenda por normas necesarias, sin caer en excesos; y que propicie la participación de la sociedad civil en las decisiones que afecten el ambiente, en contraste con la concepción vertical, autoritaria y alejada del ciudadano.

Algunos contradictores calificarán la anterior descripción como un arranque de ingenuidad, puesto que estamos ya acostumbrados a identificar las organizaciones públicas con la mediocridad, el clientelismo y la corrupción, Y si, en esta vena, decidimos, de una vez, que no es posible crear organizaciones decentes que, en algún grado, se acerquen a las anteriores concepciones, tendríamos que afirmar que la causa del interés público está perdida. Pero hay que recordar que existen algunas condiciones que permitirían ir en esa dirección. La Ley 99 dio a las cuatro grandes ciudades rentas propias para la gestión ambiental, representadas en el porcentaje del impuesto a la propiedad inmueble y otros conceptos, que constituyen una buena base para iniciar actividades; además, esas entidades deberán entrar a cobrar las tasas retributivas, compensatorias y de utilización de los recursos naturales, como instrumentos que, además de asegurar ingresos sustantivos, sirvan para racionalizar su uso. Y, lo más importante, la ciudadanía, que cuenta con derechos constitucionales y mecanismos de participación en las decisiones que afecten el ambiente, se podría tornar en un gran soporte de los alcaldes que se muevan en esa dirección.

Al Ministerio y a los nuevos alcaldes les cabe la enorme responsabilidad de hacerlos realidad y evitar que el cuarto de hora del ambiente urbano no se convierta en una pesadilla.

Manuel Rodríguez Becerra.
Publicado en: Revista Tierra Verde. Abril de 1995. No. 13. Pág. 5

 

 

 

Derechos Reservados de Autor. Manuel Rodríguez Becerra. Bogotá, Colombia.
Ultima actualización agosto 2016
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